Oaxaca y la agenda presidencial En los primeros cuatro días del gobierno federal que tomó posesión el día primero, no se ha mencionado por éste uno de los problemas pendientes más delicados, el de Oaxaca. Sigue ahí, desde el 29 de octubre, la Policía Federal Preventiva –PFP-.

Anoche fueron detenidos en la ciudad de México los líderes más visibles de la organización que aglutina a los inconformes con el gobierno del Estado de Oaxaca. Esto sucedió después de una conferencia de prensa donde anunciaban que hoy tendrían contactos con la Secretaría de Gobernación.

Los detenidos después del choque de la PFP con manifestantes en Oaxaca de Juárez fueron enviados a un penal en Nayarit. Además de los que están presos en penales de Oaxaca. Hay reportes de violación a sus derechos que deben investigarse y castigar a los responsables. Los juicios que afronten deben ser justos, dentro de la ley. Los que son inocentes y fueron detenidos sin orden de aprehensión deben ser liberados inmediatamente.

Los muertos por balas asesinas de pistoleros y los detenidos sólo son de los grupos inconformes con el gobierno de ese Estado. No se ha hecho justicia a los muertos, no se ha investigado y encarcelado a los asesinos. Prevalece la impunidad de los criminales. Además, en Oaxaca se ha estado operando una estación de radio clandestina que ha incitado a la violencia contra los opositores al gobierno.

Se sigue percibiendo que la PFP llegó para apuntalar al gobernador y no para llevar tranquilidad a esa entidad de la Federación.

Ya es hora de que el gobierno federal intervenga en las investigaciones para esclarecer quiénes asesinaron a los opositores, quiénes realizaron los incendios de inmuebles y vehículos la tarde y noche del 25 de noviembre, ya que existen versiones de que fueron grupos de pistoleros enviados por elementos del gobierno del estado con objeto de responsabilizar a los que protestaban.

El gobierno del estado no ha cumplido una de sus obligaciones elementales que es la procuración de justicia. El gobernador permanece porque lo apuntala la presencia de la PFP. Ésta es la evidencia más visible de que no existe como poder ejecutivo del Estado. Los senadores deben atender el reclamo de una extensa parte de la sociedad oaxaqueña y elaborar y votar un nuevo dictamen, ya que en Oaxaca el poder ejecutivo no existe en la práctica. Liberando así a los oaxaqueños de la ingobernabilidad que viven e iniciar la solución de los graves problemas que afrontan. Esto es por elemental justicia.

La ley rige para todos, no se percibe así.

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