La semana antepasada se instaló la comisión que coordinará los trabajos para acordar que reformas al Estado Mexicano son factibles. Previamente el Congreso aprobó la ley que regirá los trabajos para esa reforma.

Parece ocioso que el Congreso, cuya función es legislar, haya aprobado una ley para hacer o modificar la ley fundamental que es la Constitución y otras leyes con objeto de lograr las reformas que son necesarias.

Hace pocos días tuve la oportunidad de escuchar una conferencia de quien fue responsable de la reforma del Estado al inicio del gobierno anterior, después de haber salido el PRI de Los Pinos –la residencia presidencial- . Explicó que la frivolidad del anterior presidente y de los compromisos que tenía con los círculos de poder no permitieron ninguna reforma de esta índole en el sexenio que ya pasó.

Después de la elección presidencial del año anterior y su resultado sin certeza, se hace necesario revisar la legislación mexicana para que las campañas electorales se den en condiciones de igualdad ante los electores, que no haya ventajas por la relación con los grupos fácticos, sean estos económicos o de otra índole. La democracia debiera ser tan sencilla como que cada candidato tenga la oportunidad de presentar su plataforma electoral, su diagnóstico de los problemas que pretenda resolver y las soluciones que implantará, cuáles y cómo.

Entre las reformas necesarias esta la relacionada con los recursos para las campañas. No debe permitirse que grupos de poder económico o de otro interés participen en las campañas a favor o en contra de algún candidato. Le ley debe prever las sanciones a aplicar a quienes intervengan en las campañas sin ser candidatos o partidos que los postulan. También debe revisarse el monto de los recursos que se entregan a los partidos para sus campañas. Muchos de esos recursos han beneficiado a las empresas de televisión y de radio por la compra de espacios publicitarios, haciendo más poderosos a los dueños de esos medios cuyo interés no es el de la mayoría sino de sus propias ganancias, lo que sería legitimo si no se tratará de recursos que aportamos todos los contribuyentes.

Se requiere de un nuevo órgano electoral. El actual Instituto fue rebasado por la realidad, eso ya lo vivimos el año pasado. El órgano del Estado que se haga cargo de la organización del proceso electoral debe estar encabezado por ciudadanos de probidad comprobada. Los actuales fueron nombrados en una negociación de la lidereza del grupo parlamentario del PRI, afines a ella y su grupo de poder. También deben limitarse los recursos que el actual Instituto gasta en promoción de su propia imagen, lo que no es necesario. Lo que se debe promover es la actualización permanente del Registro de Electores.

Existe un plazo de pocas semanas para que los partidos presenten sus propuestas de reformas. Por la grave crisis política que hemos vivido se requiere que las propuestas que presenten los partidos atiendan las demandas ciudadanas y no solo los intereses de esos grupos políticos.

Es ésta una oportunidad para establecer nuevas reglas para la competencia electoral. Reglas que sean acordadas por los actores políticos y para beneficio de los ciudadanos de la República. Reglas que den certeza a los ciudadanos, sean sufragantes o candidatos, de que el voto será respetado, que no será inducido por campañas de odio o miedo. Que cada ciudadano ejerza su voto de manera libre.

Sin duda hay otras reformas que son necesarias. El debate sobre ellas está por iniciar.