En 1985, hace 23 años, mi padre decidió emprender un negocio relacionado con PEMEX. v
Con el paso de los años y gracias al tesón, logró consolidar su empresa.
Muchos años de esfuerzo y visión empresarial le permitieron lo que cualquier padre anhela para sus hijos: techo, educación, salud.
Debo decir que estoy profundamente agradecido con la vida y también lo estoy con mi padre.
El trabajo honrado no puede más que dignificar a la persona.
Ya con mayoría de edad obtuve responsabilidades en el negocio familiar, acciones y funciones directivas.
El negocio tomó dimensiones relevantes.
En esos años de consolidación profesional no sólo me formé como administrador, sino tomé conciencia social respecto a la responsabilidad que deben tener las personas con su entorno y con sus semejantes.
En 1997, cuando el Grupo de Empresas había crecido y se había consolidado como uno de los más importantes en la región, decidí emprender mi propio camino y abrirme paso en la vida pública. Por eso me postulé y contendí en una elección.
Fue así como gané una diputación de mayoría por el PAN en Campeche.
Concluido mi encargo en la Legislatura local, tomé posesión como diputado federal.
Hacia finales del 2003, al asumir mi primera responsabilidad en la Administración Pública, tomé la decisión más importante de mi vida: dedicarme por completo al servicio público.
En ese año opté por cosechar lo más valioso que una persona puede obtener: la satisfacción del servicio al país y a los demás.
El precio que pagué no fue menor. Le he arrebatado tiempo a mi familia, renuncié a las acciones de las cerca de 80 empresas de uno de los grupos empresariales más importantes del sureste mexicano y también dejé muchas de las comodidades que tienen los que viven en el interior del país.
La información dada a conocer omite la existencia de una relación mercantil establecida hace 23 años, entre la empresa referida y PEMEX.
Por tanto, resulta inmoral y doloso afirmar que las operaciones de dicho negocio son producto de las responsabilidades públicas que yo he ocupado en el pasado reciente.
Cuando la empresa en cuestión estableció relación comercial con PEMEX yo tenía 14 años de edad.
Aclaro, además, que esta línea del negocio prácticamente no ha crecido desde su inicio. La expansión del grupo empresarial se ha dado en la administración de franquicias y en negocios inmobiliarios desde mucho antes que yo ingresara al servicio público.
Resulta mezquino que se me acuse de beneficiarme económicamente de la política, cuando fue justamente la política la que me motivó a renunciar a un patrimonio legítimo, producto del esfuerzo personal y familiar.
No perderé el tiempo debatiendo públicamente con mis detractores. Hoy tengo a mi cargo responsabilidades muy importantes para el país que no merecen distracción alguna.
Es por ello que pondré a disposición de las autoridades competentes, toda información que se me requiera para que sean éstas quienes emitan una opinión en el plano legal. Yo soy el principal interesado en que se aclare esta acusación dolosa.
Quiero ser contundente, jamás me he beneficiado ni he beneficiado indebidamente a nadie desde los cargos públicos que he ocupado. Mis actos han sido legales, mi actuar ha sido siempre ético.
Muchas gracias.
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En tertulia reciente de políticos ilustrados e intelectuales informados surgió a la discusión el significado del nombramiento deMouriño al frente de la Secretaría de Gobernación. Las interpretaciones más memoriosas se remontaron al virreinato y las más pragmáticas a su actual expresión: la política petrolera. En el trasfondo, las motivaciones sicológicas y las intenciones últimas de quien lo nombró.
En la matriz de la nación es claro el papel que corresponde al peninsular, en contraste con el criollo, el indio, el mestizo y el resto de las castas que a la postre formaron la identidad mexicana. La diferencia más sutil pero también la frontera más precisa se establece entre criollo y peninsular, porque a pesar de provenir del mismo origen étnico, mientras el primero se coloca a la cabeza de todos los oriundos, el segundo es el agente de la dominación colonial y, con el tiempo, la opresión encarnada.
Criollos fueron los novohispanos más ilustrados, como Clavijero y Juana de Asbaje. Lo fueron los precursores de la Independencia como Primo de Verdad y los primeros insurgentes encabezados por Hidalgo. Durante las guerras de reforma militaron más bien en el bando conservador, así Lucas Alamán, su esclarecido dirigente. La Revolución fue también una emergencia del mestizaje, que coloreó a casi todos nuestros líderes, con excepción de José López Portillo y de sus “churumbeles”.
Los ecos del 15 de septiembre nos recuerdan todavía el grito feroz: ¡A coger gachupines! La República española nos devolvió en cambio la devoción por misioneros y humanistas. Pero jamás fue equiparable un “transterrado” a un peninsular. El primero se acogió a nuestra hospitalidad y nos aportó su caudal de sabiduría. El segundo permanece atado a la memoria del explotador de los naturales y de sus riquezas.
Por ello, el lugar de nacimiento del joven Mouriño —ocultado durante largo tiempo— no resulta banal. Menos aún el uso de pasaporte español durante su estadía en Florida, que “lo convirtió de nuevo en súbdito de la Corona”. Más reveladora todavía la trayectoria rocambolesca de la familia, cuyo patriarca, nacido y crecido modestamente en Vigo, casado y cebado en Madrid, arribó a Campeche para “hacer la América”, siempre en la turbia confluencia entre política y negocios.
La relación de empresas hechizas empolladas por el clan en ambos lados del Atlántico y la de sus jugosas operaciones realizadas al amparo del favor público son el retrato vivo del maridaje entre poder y dinero que tipifica la corrupción mexicana. Son los Ahumada peninsulares al servicio de un proyecto político y económico a gran escala: de carácter transnacional, transexenal y transgeneracional.
Salvo las actividades relacionadas con el lavado de dinero, cuya investigación —iniciada en 2003— todavía no concluye la PGR y las operaciones inmobiliarias en la península, todos los giros y negocios familiares se relacionan con la venta y transportación de hidrocarburos. Clan gasolinero, la gente lo llama. Comenzaron como prestanombres de políticos, crecieron por el tráfico de influencias y ahora están en posición de escoger a sus socios en el mercado local y en el global.
De ahí que las denuncias formuladas por la prensa y recogidas en su mensaje del día 24 por López Obrador adquieran una relevancia estratégica. Se trata de contratos millonarios, adjudicados de modo directo en favor de la empresa familiar Transportes Especializados Ivancar, firmados por Juan Camilo como apoderado, en el tiempo en que fungía como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, asesor y subsecretario, bajo el cobijo de Felipe Calderón.
Asombra el desenfado, por no decir la falta de escrúpulos, que semejante coincidencia exhibe. Inspirado en el descaro de los hermanos Bribiesca —igualmente beneficiarios de Pemex— explica el celo de la administración foxista en eliminar al candidato de la oposición e imponer a un sucesor que asegurase la continuidad de las complicidades. El encadenamiento de un proyecto que disuelve la autoridad republicana, degrada el poder político y compromete el patrimonio de la nación.
Ese es el meollo del debate que libramos entre los mexicanos. Las intenciones del gobierno son evidentes y sus métodos inequívocos. Las respuestas debieran serlo también. Más allá de las supuestas diferencias de estilo entre “moderados” y “radicales”, lo que se requiere es ir a la raíz del problema y desechar toda forma, voluntaria o involuntaria, de colaboración con el designio oficial. Una vez más, ser o no ser oposición.
Los legisladores tienen en la instancia inmediata la responsabilidad de procesar la denuncia. Habrán de dar la medida de su posibilidad y de su convicción. Pero el campo de acción se extiende a toda la sociedad, que ya percibe la cuestión del petróleo como la madre de todas las batallas.
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