LXXV Aniversario de la CFE
El 14 de agosto de 1937, el entonces
presidente General Lázaro Cárdenas del Río emitió el decreto por el que se creó la Comisión Federal de Electricidad. No era el inicio de la industria eléctrica
en México. Fue el inicio del gran impulso para electrificar el territorio
nacional conformando uno de los sistemas eléctricos más complejos del mundo.
La primera planta construida por la
incipiente CFE fue la hidroeléctrica de Xía en Ixtlán, en la serranía de
Oaxaca. En forma paralela a la construcción de grandes centrales hidroeléctricas,
se fueron construyendo líneas de transmisión para llevar el fluido a los
centros urbanos y zonas con incipiente industrialización. De manera especial se
fue llevando electricidad a los poblados que carecían de ese insumo, iluminando
así sus noches y su futuro.
En las principales ciudades de México el
suministro de energía eléctrica estaba concesionado a empresas particulares de
capitales extranjeros. El 27 de septiembre de 1960 el entonces presidente
Adolfo López Mateos anunció a la Nación que el gobierno había adquirido la
mayoría de las acciones de esas empresas y pasaba a tomar control de ellas. Así
empezaron a fusionarse con la CFE, con excepción de la Compañía de Luz y Fuerza
del Centro y empresas asociadas que continuaron operando en la zona
metropolitana del Valle de México.
A partir de la nacionalización de la
industria se fue conformando un solo sistema eléctrico, enlazando los distintos
sistemas regionales que existieron. En la década de los setentas del siglo XX
se dio un gran avance unificando la frecuencia de operación de los sistemas
eléctricos a 60 ciclos por segundo, dejando de operar a 50 ciclos por segundo
en el Valle de México, prevaleciendo la frecuencia de la mayor parte del
territorio nacional.
La unificación de la frecuencia fue el
paso inicial para la conformación del actual Sistema Eléctrico Nacional que
opera enlazando las centrales de generación con las red de transmisión y suministrando
el fluido a los sistemas de distribución de las distintas regiones de México.
Un solo país, un solo sistema eléctrico nacional.
En 1992, violando lo establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión,
por consigna del mandatario usurpador que fue Carlos Salinas de Gortari,
modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para establecer las
premisas de la privatización silenciosa y en contra de la Ley suprema de la
industria eléctrica mexicana. Gradualmente se ha incrementado la generación
privada de electricidad hasta llegar en la actualidad al 40% aproximadamente de
la capacidad instalada. Prevalecen dos figuras que violan la Constitución: la
denominada producción independiente y la eufemísticamente llamada de
autoabastecimiento. Esta última forma se hace simulando que se da el autoabastecimiento,
cuando en la práctica –ilegal- de está vendiendo energía eléctrica por empresas
privadas a otras e inclusive a gobiernos municipales con la complicidad de
algunos congresos locales, como es el caso de Veracruz.
La Constitución que nos rige sigue
vigente. Y debe serlo en toda su extensión y propósitos. Por ello es apremiante
que los legisladores rectifiquen lo mal hecho en la segunda mitad del sexenio
de Carlos Salinas y se rectifique el contenido de la Ley del Servicio Público
de Energía Eléctrica. Para que en la práctica se cumpla por la CFE lo dispuesto
en el artículo 27 de la Ley Suprema:
Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir,
transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la
prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a
los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se
requieran para dichos fines.
Rectificar la Ley secundaria es volver
al estado de derecho que se cita en los discursos de los que ejercen el poder y
en la práctica no lo cumplen. Rectificar tal ley es devolver a la Nación el
potencial de crecimiento y posibilidad de satisfacción de las necesidades de
electricidad a menores costos.
Rectificar la ley es un deber de los
legisladores, porque ninguna ley debe ser contraria a la Constitución que nos
rige. Es volver al estado de derecho.