Por pares
14 agosto, 2012
  LXXV Aniversario de la CFE














El 14 de agosto de 1937, el entonces presidente General Lázaro Cárdenas del Río emitió el decreto por el que se creó la Comisión Federal de Electricidad. No era el inicio de la industria eléctrica en México. Fue el inicio del gran impulso para electrificar el territorio nacional conformando uno de los sistemas eléctricos más complejos del mundo.

La primera planta construida por la incipiente CFE fue la hidroeléctrica de Xía en Ixtlán, en la serranía de Oaxaca. En forma paralela a la construcción de grandes centrales hidroeléctricas, se fueron construyendo líneas de transmisión para llevar el fluido a los centros urbanos y zonas con incipiente industrialización. De manera especial se fue llevando electricidad a los poblados que carecían de ese insumo, iluminando así sus noches y su futuro.

En las principales ciudades de México el suministro de energía eléctrica estaba concesionado a empresas particulares de capitales extranjeros. El 27 de septiembre de 1960 el entonces presidente Adolfo López Mateos anunció a la Nación que el gobierno había adquirido la mayoría de las acciones de esas empresas y pasaba a tomar control de ellas. Así empezaron a fusionarse con la CFE, con excepción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y empresas asociadas que continuaron operando en la zona metropolitana del Valle de México.

A partir de la nacionalización de la industria se fue conformando un solo sistema eléctrico, enlazando los distintos sistemas regionales que existieron. En la década de los setentas del siglo XX se dio un gran avance unificando la frecuencia de operación de los sistemas eléctricos a 60 ciclos por segundo, dejando de operar a 50 ciclos por segundo en el Valle de México, prevaleciendo la frecuencia de la mayor parte del territorio nacional.

La unificación de la frecuencia fue el paso inicial para la conformación del actual Sistema Eléctrico Nacional que opera enlazando las centrales de generación con las red de transmisión y suministrando el fluido a los sistemas de distribución de las distintas regiones de México. Un solo país, un solo sistema eléctrico nacional.

En 1992, violando lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión, por consigna del mandatario usurpador que fue Carlos Salinas de Gortari, modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para establecer las premisas de la privatización silenciosa y en contra de la Ley suprema de la industria eléctrica mexicana. Gradualmente se ha incrementado la generación privada de electricidad hasta llegar en la actualidad al 40% aproximadamente de la capacidad instalada. Prevalecen dos figuras que violan la Constitución: la denominada producción independiente y la eufemísticamente llamada de autoabastecimiento. Esta última forma se hace simulando que se da el autoabastecimiento, cuando en la práctica –ilegal- de está vendiendo energía eléctrica por empresas privadas a otras e inclusive a gobiernos municipales con la complicidad de algunos congresos locales, como es el caso de Veracruz.

La Constitución que nos rige sigue vigente. Y debe serlo en toda su extensión y propósitos. Por ello es apremiante que los legisladores rectifiquen lo mal hecho en la segunda mitad del sexenio de Carlos Salinas y se rectifique el contenido de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Para que en la práctica se cumpla por la CFE lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Suprema:
Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.

Rectificar la Ley secundaria es volver al estado de derecho que se cita en los discursos de los que ejercen el poder y en la práctica no lo cumplen. Rectificar tal ley es devolver a la Nación el potencial de crecimiento y posibilidad de satisfacción de las necesidades de electricidad a menores costos.

Rectificar la ley es un deber de los legisladores, porque ninguna ley debe ser contraria a la Constitución que nos rige. Es volver al estado de derecho.




 
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