Encuentro de Pueblos Originarios y Organizaciones Sociales por la Justicia
San Juan Mixtepec -región mixteca de Oaxaca-.
23 demayo de 2015
Un pequeño poblado, una villa -un pueblo como éste-, una ciudad,
una región y el país entero se mueven con energía. Salvo en aquellos poblados
intrincados en serranías de difícil acceso donde el único combustible es la
leña, en todos los demás se utilizan hidrocarburos como el petróleo y el gas
como combustibles para la preparación de los alimentos. En el transporte
terrestre se utilizan gasolinas y en el aéreo turbosinas, todos éstos derivados
del petróleo que se extrae del subsuelo –de la plataforma continental o debajo
del lecho marino-. Para la iluminación, en tanto en los pequeños poblados
recónditos se usa el ocote u otro producto vegetal, en otros el petróleo o la
gasolina, la gran mayoría de la población ilumina sus viviendas con
electricidad. La electricidad también es el impulsor de la maquinaria en la
industria y en los servicios. Así las cosas los grandes impulsores de la vida
moderna son los hidrocarburos y la electricidad.
En este contexto de uso cotidiano de
energéticos para el desarrollo de la vida diaria, éstos adquieren un valor
imprescindible, del que se deriva su carácter estratégico para una Nación. Por
ello las grandes potencias en el mundo aseguran su abastecimiento energético
inclusive provocando guerras a otros países para arrebatarles sus recursos
petrolíferos.
En México, como un logro de la lucha del
pueblo en la Revolución se pudieron rescatar los energéticos que estaban en
poder de empresas extranjeras.
Industria
eléctrica:
El 14 de agosto de 1937, el presidente
General Lázaro Cárdenas del Río decreta la creación de la Comisión Federal de
Electricidad –CFE-, inicialmente para abastecer las necesidades del fluido eléctrico
en poblados que no eran atendidos por las empresas concesionarias. El 27 de
septiembre de 1960 el gobierno de la República anuncia la adquisición de la
mayoría de las acciones de las empresas eléctricas que tenían concesionado el
abastecimiento en áreas urbanas, integrándose todas ellas a la CFE.
Industria
petrolera:
Como consecuencia del litigio entre los
trabajadores petroleros y las empresas extranjeras extractoras de hidrocarburos
y la falta del cumplimiento por parte éstas de la sentencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, el mismo presidente Cárdenas decide y anuncia la expropiación
de los bienes de esas empresas el 18 de marzo de 1938, pagándose las
indemnizaciones respectivas con la aportación del pueblo. Hubo quienes
entregaron sus joyas, niños que aportaron sus ahorros, otros entregaron guajolotes
y todo lo que pudieron para ese fin. Así se sentaron las bases para la creación
de Petróleos Mexicanos.
Desde las últimas décadas del siglo XX los
sucesivos gobiernos encabezados por miembros de los partidos Revolucionario
Institucional y Acción Nacional fueron acomodando las leyes para ir
privatizando las industrias eléctrica y petrolera nacionales.
A partir de 1992 se permitió en la Ley del
Servicio Público de Energía Eléctrica la generación de energía eléctrica por
consorcios privados, lo que la Constitución no permitía. No respetaron la ley
suprema de los mexicanos. De la misma manera fueron introduciendo
modificaciones en las leyes relativas a la industria petrolera para el ingreso
de capitales privados a esta industria y por lo tanto generar ganancias a
particulares con bienes que corresponden a la Nación.
Esa secuencia de reformas legales tiene su
punto más crítico al aprobarse reformas al artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fue en diciembre de 2013. Sin atender
la voluntad de millones de mexicanos que no estamos de acuerdo con esas
reformas que permiten la entrega de los recursos energéticos de la Nación –de
todos- a intereses privados, nacionales y extranjeros.
La
Constitución vigente hasta el 20 de diciembre de 2013
Industria eléctrica:
Corresponde exclusivamente a la Nación
generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que
tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se
otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y
recursos naturales que se requieran para dichos fines.
Hidrocarburos:
Tratándose del petróleo y de los carburos
de hidrogeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se
otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan
otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los
términos que señale la ley reglamentaria respectiva.
La llamada reforma energética consiste en
una reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para mutilar la
propiedad de la Nación de los recursos energéticos, cediendo su explotación a
particulares.
Artículo
27 a partir del 20 de diciembre de 2013:
Corresponde
exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico
nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía
eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de
que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que
establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares
podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.
Tratándose
del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el
subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se
otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que
contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las
actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos
mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos
con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para
cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas
productivas del Estado podrán contratar con particulares.
Antes de que se aprobaran estos cambios a
la Constitución, millones de mexicanos y mexicanas nos movilizamos y
solicitamos que se hiciera una consulta pública a todos para decidir el destino
de lo que es de interés nacional. No fuimos escuchados. Se nos ha negado el
derecho a opinar sobre el destino de los recursos energéticos de la Nación y
que pertenecen a todos los mexicanos, de las presentes y futuras generaciones.
Millones de mexicanos firmamos solicitando,
que a la vez de la jornada electoral para elegir diputados el 7 de junio de
2015, se nos consultara sobre la llamada “reforma energética”. Aun cuando la
Constitución establece en su artículo 35 nuestro derecho a la consulta, nos fue
negado el ejercicio de este derecho por decisión del poder judicial. La
institución que debiera ser garante del ejercicio pleno de los derechos de los
mexicanos impide son argucias la consulta directa a todos los ciudadanos y
ciudadanas.
Cuáles
son los perjuicios que pueden causarse a la Nación con estas reformas
constitucionales aprobadas
Al permitir la participación de
particulares, mediante contratos, en la extracción y proceso de hidrocarburos
se estaría compartiendo con ellos la riqueza nacional que es de todos y no hay
razón para ello. En los artículos transitorios del decreto que reforma los
artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, se delinea qué tipos de contratos se
podrán otorgar a particulares: Estos pueden ser: de servicios, de utilidad
compartida, de producción compartida o de licencia. Los primeros ya se han
otorgado, aún al margen del orden constitucional, los segundos –de utilidad
compartida- nos hacen pensar: porqué habría de compartirse la utilidad de la
explotación de un yacimiento de petróleo o de gas, si todo corresponde a la
Nación. Sería ésta una forma de transferencia de la riqueza nacional a
particulares sin ningún sustento. Es el mismo caso de los que se pretenden
denominar contratos de producción compartida, en éstos independientemente de
las utilidades lo que se dividiría es el producto –petróleo o gas- sin haber
razón para entregar una parte de la riqueza de la Nación. En los denominados
contratos de licencia lo que se pretende es esconder mediante este eufemismo
concesiones, lo que está prohibido en la Constitución, ya que es riqueza
nacional.
Con estos contratos lo que se pretende es
privatizar la riqueza nacional en favor de particulares, nacionales y
extranjeros. El argumento que se ha esgrimido es la falta de capital y
tecnología para que la Nación a través de Petróleos Mexicanos –Pemex- realice
la explotación y transformación, mediante la refinación o proceso en la
industria petroquímica y que ese capital y tecnología faltante lo aportarán los
particulares. Este argumento resulta falto de base sólida toda vez que de los
ingresos presupuestales que dispone el gobierno federal un 35% o 40% provienen
de la industria petrolera nacional. Sí esos recursos ya se tienen de la misma
industria que se pretende seguir privatizando no hay justificante para la incursión
de agentes externos al interés nacional. El gobierno federal tiene una gran
déficit de ingresos para las necesidades nacionales, esos ingresos los puede
lograr con una reforma fiscal que grave proporcionalmente a todos según sus percepciones
o utilidades, dejando de mantener un régimen especial que permite un baja
tributación a grandes consorcios con utilidades elevadas y poca contribución al
fisco.
Con la implantación de esta reforma en la
industria petrolera el gobierno federal dejará de recibir y disponer de los
ingresos que pretende compartir con particulares. Se estará entregando parte de
la riqueza de la Nación a particulares.
La generación de electricidad se pretende
seguir privatizando con esta reforma. Después del avance en la privatización de
esta parte del proceso de la industria eléctrica, realizado en contra de lo
establecido en la Constitución, mediante una reforma a la Ley del Servicio
Público de Energía Eléctrica aprobada
por el Pe erre i en 1992, que ha llegado al 35% de la generación de energía
eléctrica que suministra la Comisión Federal de Electricidad –CFE-. Ahora se
pretende que toda la generación de electricidad sea de particulares.
En agosto de 2014 el Congreso de la Unión
aprobó las leyes complementarias de esa llamada “reforma energética”. Se
pretende así consolidar el despojo a la Nación –a todos-.
¿Qué
establece la física?
Un repaso de la física no está fuera de
lugar y permite tener claridad en lo que significa la generación de
electricidad. La energía eléctrica, en forma de corriente alterna como la
utilizamos en México, en las diversas actividades de la sociedad, se genera al
mismo tiempo que se transmite, distribuye y utiliza.
No es posible su almacenamiento en su
modalidad de uso –corriente alterna- en nuestro territorio. La demanda
eléctrica siempre tiene que ser satisfecha por la oferta: la generación. Por
ello la importancia de que un sistema eléctrico opere verticalmente integrado, esto
es en un mismo sistema: generación, transmisión y distribución.
Por otra parte, para el transporte de la
electricidad generada son necesarios conductores, desde donde se genera hasta
donde se utiliza. Este transporte es por líneas y redes. No hay aún transporte
de electricidad de manera inalámbrica.
Un sistema eléctrico es todo un conjunto
operando de manera simultánea en sus componentes. No puede ser de otra manera.
Y tampoco es viable que puedan instalarse dos o más sistemas para que quien la
utiliza pudiese elegir a cuál sistema conectar su instalación eléctrica para su
consumo. La física nos dice que la electricidad –en su forma de corriente
alterna- sólo puede proporcionarse a quien la utiliza teniendo la generación y
el sistema de conducción –líneas de transmisión y redes de distribución-
operando interconectado y al mismo tiempo.
La generación de energía eléctrica,
mediante el aprovechamiento de combustibles fósiles para la producción de calor
y vapor, de las caídas de agua, de la fuerza del viento y alguna otra
modalidad, es la parte inicial y por lo tanto fundamental de la industria
eléctrica. Sí no hay generación no habría electricidad que llevar por el
sistema eléctrico para suministro a viviendas, comercios, servicios e
industria.
La generación es prioritaria para la
seguridad energética. Y la seguridad energética contribuye a la seguridad
nacional. Sí ésta continúa privatizándose se pone en riesgo la seguridad
energética y por lo tanto la seguridad nacional.
Experiencias
negativas de la industria eléctrica privada en otros países
Un caso relativamente reciente es el de
California, donde en el invierno de 2000 – 2001, la capacidad de generación no
fue suficiente para la demanda de electricidad, provocando apagones en una
parte del territorio del país cumbre del capitalismo por la voracidad de los
propietarios de las centrales de generación eléctrica (1).
Otro caso del pasado inmediato: Las
viviendas y comercios de un gran sector de Buenos Aires, la capital argentina,
apagaron sus luces y sus aparatos de aire acondicionado en el verano del
hemisferio sur. Sus ciudadanos salieron a las calles a reclamar que hubiese
electricidad y no la hubo (2).
Hay negocios que de manera exitosa son
operados por inversionistas privados y sus clientes reciben sus productos o
servicios a precios satisfactorios por competitivos, no es el caso de la
electricidad por sus particularidades basadas en la física.
¿El
gas será barato?
El argumento para privatizar la generación
de energía eléctrica es una prolongación de la privatización de los hidrocarburos.
Se dice que se explotarán yacimientos de gas y que con éste se producirá
electricidad para que las tarifas bajen. Ya han privatizado el 35% de la
generación y las tarifas no bajan.
La explotación de yacimientos de gas de
esquisto o gas shale pretenden
hacerla con la inyección de “fluidos al subsuelo” con un método llamado fractura
hidráulica o fracking. Éste es muy
peligroso ya que puede descontrolarse y se estarían contaminando las aguas del
subsuelo. Cito el documento de laAlianza
Mexicana contra el Fracking:
Esta
técnica parte de la perforación de un pozo vertical la cual, una vez alcanzada
la profundidad deseada, viene acompañada de una perforación horizontal que
puede extenderse entre 1 y 1.5 kilómetros. Esta perforación se repite en
diferentes direcciones, partiendo del mismo pozo de perforación vertical
inicial. Una vez hechas las perforaciones, y debido a la baja permeabilidad de
la roca de esquisto, es necesario fracturar la roca con la inyección de una
mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión, para permitir el
flujo y salida del gas. Pero este flujo disminuye muy pronto, por lo cual, para
mantener la producción, es necesario realizar continuamente el procedimiento de
fractura hidráulica en un mismo pozo.
Entre las consecuencias inmediatas del uso
de este método de extracción estarían: Disminución de disponibilidad del agua
para los seres humanos y ecosistemas, contaminación de las fuentes de agua, emisiones
de gases contaminantes,contribuye al
calentamiento global y otras.
Lo que se puede prever es incertidumbre en el precio del
gas y por consecuencia de la energía eléctrica generada a partir de este
combustible.
También debe tenerse en cuenta que al
privatizarse la generación, con la excepción de la de origen nuclear, los
dueños de las centrales de generación querrán una máxima ganancia en el menor
plazo y restringirán la inversión. Y a partir de esto se perdería seguridad de
contar con la capacidad de generación eléctrica oportunamente, corriéndose el
riesgo innecesario de falta de abastecimiento del fluido eléctrico, como ya
sucedió en California en el invierno de 2000 – 2001 y en Buenos Aires en el
último verano, 2013 -2014.
Por estas razones millones de mexicanos no
estamos de acuerdo con las reformas hechas a los artículos 25, 27y 28 de la Constitución.
La
industria energética es de la Nación
Entendemos que el Congreso de la Unión
tiene la facultad de aprobar reformas a la Constitución con la mayoría
calificada de dos terceras partes de los legisladores. También los ciudadanos
tenemos el derecho de opinar sobre los asuntos de interés nacional –artículo 35
de la Constitución-. Y el futuro de la industria energética es de suma
importancia para los mexicanos, de las presentes y futuras generaciones.
Los legisladores actuales y el titular del
poder ejecutivo federal no propusieron en sus respectivas campañas electorales
reformar la Constitución como lo han aprobado. Tampoco hubo propuesta alguna de
los otros candidatos para estos cambios en la Constitución. Por lo tanto
quienes ejercen los poderes ejecutivo y legislativo de la República no tienen
mandato alguno para esta reforma y la hicieron en contra de la opinión
mayoritaria de la ciudadanía. A todos los mexicanos atañe el derecho de opinar
sobre esa reforma. Queremos que se nos consulte sobre su pertinencia o no. Y
nos pronunciaremos por que prevalezca el interés de la Nación –el interés de
todos los mexicanos- por encima de cualquier interés particular o privado.
Como las autoridades nacionales nos han
negado el ejercicio del derecho a la consulta sobre la llamada “reforma
energética”, nos queda como recurso el voto. El 7 de junio de 2015 acudiremos a
las urnas a depositar nuestro sufragio. Es el momento, quizá único, que tenemos
de oportunidad para votar por alternativas pacíficas para que podamos iniciar
el cambio de rumbo y el rescate de los recursos nacionales para propiciar la
transformación de México.