Oaxaca incendiada
El sábado último, la multitudinaria marcha de ciudadanos que reclaman la salida del gobernador de Oaxaca y de la PFP de la capital de ese estado, fue reprimida por esta policía militar.
Heridos y detenidos es el saldo de la represión.
No es clara la información de cómo se originaron los incendios en edificios públicos, cuyos interiores fueron destruidos por el fuego. Así están el Tribunal Superior de Justicia, las oficinas del Poder Judicial de la Federación, de la Secretaría de Turismo, el Teatro Juárez –antes cámara de diputados-, el Hotel Camino Real –ex convento de Santa Catarina- y otros inmuebles particulares. Estas destrucciones deben ser investigadas y castigados los responsables.
Se dijo, por el gobierno federal, que la entrada de la PFP a Oaxaca era para solucionar el conflicto, no ha sido así, por el contrario éste se agrava cada vez más. La policía y todos los recursos que el gobierno federal y estatal disponen no fueron aplicados de manera preventiva para evitar los incendios. ¿Entonces que hace la PFP? O todo esto responde a un plan criminal de quienes apoyan al gobernador para desacreditar y responsabilizar a los que protestan, sin importar el daño al patrimonio que es de todos, no del gobierno.
Además de los muertos por las balas de los pistoleros que apoyan al gobernador, ahora se suma el incendio de inmuebles, con la destrucción de los archivos que ahí contenían y que están relacionados con la impartición de justicia.
Oaxaca presenta un saldo rojo. Rojo por la sangre derramada de los muertos y heridos. Rojo por el fuego que destruye.
La cámara de senadores debe actuar. Está demostrado que el gobernador no puede gobernar, si pudiera hacerlo no habría la violencia que recorre las calles. El gobernador permanece ahí por el apoyo que representa la incursión represiva de la PFP. Los senadores tienen la obligación de atender la demanda ciudadana y evaluar que no existe poder ejecutivo en Oaxaca. Sería más lamentable que no lo hicieran y seguirían los muertos, la sangre derramándose.
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