El jueves 14 de febrero la secretaria de energía, Georgina Kessel, en entrevista de televisión, reproducida en diarios (1), aceptó que el gobierno está preparando una iniciativa de ley para que Petróleos Mexicanos se asocie con inversionistas privados. A partir de esa declaración se ha comprobado que el gobierno federal tiene la intención de tal modificación legal, aún cuando en su discurso dice que no se privatizará la industria petrolera. A esa declaración siguió la del ocupante de Los Pinos, desde Los Ángeles, California, donde concluyó su gira por EE UU, y la del secretario de gobernación. Es clara ya cual es la intención del gobierno, no está claro cómo pretende hacerlo, aún cuando algunos medios ya hacen cita de un calendario para procesar esa reforma: la iniciativa en marzo y dos semanas de proceso legislativo.

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:
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Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional.
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Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.

La Constitución es muy clara en materia de hidrocarburos, petróleo y gas: No se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado. La cita de lo establecido en la ley suprema es primordial para entender que no puede haber reforma a alguna ley reglamentaria que permita lo que la Constitución expresamente prohíbe. A menos que lo que se pretenda sea modificar la Constitución o violarla una vez más.

En materia energética las dos últimas propuestas de reforma a la Constitución, precisamente al segundo párrafo citado del artículo 27 constitucional para permitir la inversión privada en materia eléctrica, presentadas por los expresidentes Ernesto Zedillo Ponce de León del PRI, en 1999, y Vicente Fox Quesada del PAN, en 2002, después de un análisis exhaustivo fueron dictaminadas para no aprobarse por el Senado de la República. Este es un logro de los legisladores convencidos de que esta industria debe seguir siendo de la Nación y de la persistente participación de profesionales electricistas con sus análisis y convicción de que la mejor industria eléctrica es la que pertenece a todos y a todos sirve. Aún cuando prevalece la reforma anticonstitucional hecha a la ley de la materia por el PRI en 1992, tiempos del salinato.

La importancia de Petróleos Mexicanos –Pemex- es tal para la Nación que debe permanecer como propiedad de ésta y no enajenarse, ni concesionarse, ni asociarse. El gobierno federal recibe como aportación de la industria petrolera el 40 % de su ingreso total, el restante 60 % son ingresos fiscales de otro tipo. Se mantiene a la industria petrolera mexicana limitada para su desarrollo negándole los recursos que la misma produce. Representantes gubernamentales han declarado que si se invierte en Pemex, no se tendrían recursos para desarrollo social, educación o salud. Esto hace ver que lo que se requiere es de una reforma fiscal que otorgue recursos al gobierno para que cumpla son sus obligaciones legales. El año pasado se hizo una reforma fiscal mínima, sólo aumentará los ingresos del gobierno en 3 % del producto interno bruto –PIB-, para pasar de 9 a 12 %. Como referencia se ha difundido en los medios que Honduras tiene una recaudación fiscal de 13 %, Venezuela y Chile tienen ingresos fiscales de más del 20 % de su PIB, en Europa los países desarrollados tienen 30 % del PIB o más como recaudación fiscal.

Pemex requiere disponer de los ingresos que su actividad genera, no que se los apropie el gobierno, para que pueda expandirse y renovar su parque de refinación, petroquímico, de procesamiento de gas y red de ductos, además cuente con recursos para exploración y perforación de nuevos yacimientos por más profundos que éstos estén. El crecimiento de esta industria de la Nación puede permitir generar más ingresos al agregar valor al petróleo crudo que hoy se exporta. Con ello se revertiría la paradójica importación de gasolinas y gas. Para ello si se requiere de una reforma energética, una reforma que libere a Pemex del gobierno convirtiéndolo en una empresa del Estado, dejando ser la caja del gasto corriente del gobierno federal. Si en materia electoral se cuenta con una institución autónoma, el Instituto Federal Electoral, para que haga las elecciones, por cierto de las más caras del mundo, porqué no tener una industria petrolera autónoma. Esto sería mucho más ventajoso para la Nación que permitir la inversión privada con la que habría que compartir la renta petrolera.

No hay confianza en los inversionistas privados. Éstos no atienden el interés general, sólo al suyo, no más. Entiendo que ello es legítimo, pero no ético. Tenemos casos de venta de empresas paraestatales como el de la telefonía, donde prevalecen tarifas altas con respecto a otras latitudes y se mantiene en la práctica el monopolio que se dijo se eliminaría. Otro caso es el de la concesión de carreteras, cuando al estar quebradas las empresas de los concesionarios, el gobierno fue en su rescate con recursos fiscales, que aportamos los mexicanos, no diré que una mayoría porque no es así, los mexicanos que aportamos recursos fiscales al gobierno somos una minoría, esto también debe revertirse. Un caso más es el de los bancos que regresaron a la iniciativa privada, para que ya en su poder nuevamente, provocarán la peor crisis económica que hemos vivido la actual generación de mexicanos, yendo el gobierno en su rescate con recursos que hemos aportado, estamos aportando y seguiremos aportando, es el caso del llamado Fobaproa. Por todo ello no confiamos en la iniciativa privada. Ellos tienen otras áreas de negocios, que las aprovechen. En cuanto a la industria petrolera ya tienen una parte: la concesión de las estaciones de distribución de combustibles o gasolineras y la distribución de gas, donde, algunos muestran su verdadera forma de hacer negocios: robando al consumidor al despacharle menos de lo que le cobran o en otros términos: dando “litros” con menos de 1000 mililitros, y su Cámara empresarial se ofende cuando la autoridad verifica sus equipos de despacho y les clausura temporalmente, cuando debiera hacerlo definitivamente y retirarles la concesión. Robo menor, robo repetido muchas veces, robo al fin.

La planta petroquímica tiene una gran abandono, ésta puede ser la base para un desarrollo industrial en cuyos procesos secundarios puede participar más de cómo lo hace ahora la iniciativa privada. Sin embargo los gobiernos de los últimos 26 años han dejado que la petroquímica básica se siga minando, lo que ya debe detenerse. Rafael Decelis Contreras, un singular exlegislador del PRI y dirigente en algún tiempo de la Federación Mexicana de Profesionales de la Química, ha enviado cartas a los mandatarios haciendo propuestas sobre este ramo de la industria, esos documentos los ha publicado en su libro Misivas sin respuesta (2), que retrata la actitud de los gobiernos encabezados por el PRI y el PAN, no tienen respuestas ante los planteamientos de escenarios para el desarrollo.

La industria petrolera mexicana puede ser la más eficiente del mundo y con ello generar recursos para la Nación, por medio de una tributación como una empresa, no cualquier empresa, si la mejor. Que pague contribuciones de tipo general como las demás empresas y especificas por aprovechar recursos que pertenecen a la Nación. Además de ello, asumir un compromiso con la sociedad mexicana con los siguientes principios:

• Asegurar el abastecimiento de combustibles de origen fósil, sin recurrir a la importación.
• Que sus productos cumplan con estándares de calidad con parámetros de nivel internacional. Que emitan menos contaminantes a la atmósfera.
• Que sus precios sean competitivos con los del mercado internacional.
• Que la empresa sea administrada con transparencia y rindiendo cuentas a la sociedad.
• Que su actividad no deteriore el medio ambiente. En este rubro Pemex tiene deuda con la sociedad ya que en los lugares donde desarrolla su actividad ha generado contaminación que debe eliminarse.
• Que cualquier mexicano o mexicana que desee laborar en la industria petrolera, y tenga competencia para ello, pueda hacerlo. Así se mejoraría la productividad que no la distingue actualmente, ésta deteriorada por la actitud de camarillas sindicales que han actuado en la práctica en contra del avance de la industria.

¿Qué se necesita para tener una industria petrolera así? sólo un elemento: Decisión de los legisladores para hacer una reforma energética que dé autonomía a Petróleos Mexicanos Y decisión también para hacer una reforma fiscal que permita una recaudación acorde a las necesidades de recursos para el gasto e inversión gubernamental en todos los rubros a que está obligado por la Constitución, como la educación gratuita por ejemplo.

Por cuanto hace al desarrollo tecnológico que esgrimen quienes pretenden que se permita la inversión privada en Pemex, y que señalan que no tenemos, no debe preocuparles, la tecnología se puede adquirir, aprender a utilizar y usarla, luego mejorar. Para ello se cuenta con el Instituto Mexicano del Petróleo, muy disminuido de lo que fue, que puede mejorarse con investigadores, aprovechando el talento de mexicanos que se han ido del país en busca de las oportunidades que no se han propiciado en nuestra propia tierra y que pudieran regresar. Citaré sólo para que no se olvide el caso: La televisión a colores la inventó el mexicano Guillermo González. Camarena, ingeniero graduado en el Instituto Politécnico Nacional, por su talento ahora podemos ver en la pantalla chica el despliegue mediático para permitir la reforma a modo del gobierno, a todo color. Ante ello disponemos de medios alternativos como la Internet, a todo color, e impresos en toda la gama de grises hasta el negro, para mostrar que hay mejores alternativas a lo que pretende el gobierno, su partido y algunos legisladores del otrora partido de estado, el PRI.

Bimba en Poza Rica, Veracruz

(1) Milenio diario, 15 de febrero de 2008

(2) Misivas sin respuesta, Decelis Contreras Rafael, Costa-Amic Editores, 2000.

Artículo publcado en la revista Dicrítica, marzo de 2008.

Etiquetas: Pemex, petróleo, politica

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