El 8 de abril de 2008 el jefe del poder ejecutivo federal propuso al Congreso de la Unión una reforma a la legislación en materia petrolera. En su propuesta, el ejecutivo pretendía que todas las actividades de esta industria: exploración, explotación, transporte por ductos, almacenamiento y refinación, fuesen ejecutadas por empresas privadas, nacionales y extranjeras. Tal forma de operación la prohíbe expresamente la Constitución, al señalar que en materia de petróleo no se otorgaran concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hubieren otorgado, para ello fue creada Petróleos Mexicanos, para no recurrir a la participación privada. La aprobación de esa propuesta fue detenida por la movilización del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y por la acción de los legisladores del Frente Amplio Progresista -FAP- en sus respectivas Cámaras, hasta lograr la celebración de un debate que se efectuó en el Senado de la República. En el debate se dejó muy clara la intención privatizadora del gobierno y surgieron planteamientos concretos para una reforma dentro del marco constitucional. El Partido Revolucionario Institucional -PRI- presentó al final del debate su propuesta muy coincidente con la del gobierno. De lo debatido, surge la iniciativa de reforma preparada por expertos en la industria, intelectuales y académicos, avalada ésta por el Movimiento y presentada por los legisladores del FAP al Congreso como una iniciativa formal.
La Comisiones Legislativas dictaminaron las iniciativas. Las Cámaras, de Senadores primero y luego la de Diputados, aprobaron los dictámenes sin cambios. En esos dictámenes hay algún avance de lo propuesto por el FAP. Se detuvo la pretensión de otorgar la refinación del petróleo, y por la tanto la producción de gasolinas, mediante contratos con empresas privadas.
En la nueva Ley de Petróleos Mexicanos se le dan facultades a esta empresa del Estado para otorgar contratos a empresas privadas para exploración y explotación de yacimientos. Esto resulta violatorio de lo establecido en la Constitución. Es cubrir de legalidad aparente a una práctica que Petróleos Mexicanos ya ha estado propiciando con empresas petroleras transnacionales. Es un pendiente que habrá que cambiar, cuando se cuente con una mayoría legislativa que esté dispuesta a hacer valer lo establecido en la Ley Suprema. Aún queda el recurso de la acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la nación. Ya se verá lo que pase.
El Movimiento recurrió al Congreso para hacer valer su punto de vista, que es congruente con la Constitución. No se tuvieron, ni se tienen, los legisladores necesarios para integrar una mayoría que haga prevalecer la letra y el espíritu de la Constitución ante la avasalladora que representa concurrencia del partido del gobierno y la tercera fuerza política, el PRI. Ese es el principal pendiente y habría que resolver cómo integrar esa mayoría legislativa, con quiénes. Esa es la cuestión, sí se quiere seguir transitando por la vía del orden constitucional como la mayoría de los mexicanos lo acepta. Porque ya está visto que otra vía como la armada no la acepta la mayoría de los ciudadanos, así ocurrió en 1994 con el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional -EZLN-. Entonces casi todos llamaron a un arreglo pacífico del conflicto, que aún prevalece con el deterioro de la presencia del principal líder de ese alzamiento.
Una oportunidad de obtener una mayoría legislativa son las elecciones que tendrán lugar en julio de 2009 para renovar la Cámara de Diputados. Para ello se requiere de una gran alianza con todas las fuerzas progresistas, no sólo de izquierda, candidatos que sean ciudadanos ejemplares y que estén convencidos de que una lucha legislativa no sólo se gana con movilizaciones en las calles, sino con votos en el Congreso. Se requieren ciudadanos conocedores de los temas que afectan a los intereses de la nación y que tengan propuestas de cómo abordarlos y resolverlos, mediante modificaciones a leyes que han propiciado la desigualdad entre los mexicanos y limitado el desarrollo económico, que piensen y actúen en cerrar esas enormes brechas que dividen y que trabajen en nuevas leyes para un desarrollo sustentable. Se requiere patriotismo.
El partido más importante que han conformado las izquierdas mexicanas –el Partido de la Revolución Democrática- se ha deteriorado a tal grado de llegar a un enfrentamiento interno por su dirigencia que sus propios órganos no pudieron resolver. En su enfrentamiento, recurrieron a la autoridad judicial que le ha dado la dirigencia de ese partido a la fracción que ha usufrutuado las parcelas de poder que con el voto de los ciudadanos interesados en el cambio ha conquistado la izquierda y que no ha sabido ampliar. La otra fracción, la del candidato que estuvo en la antesala de la Presidencia de la República en 2006, mantiene un radicalismo que lejos de ampliar las perspectivas de desarrollo y crecimiento de la izquierda, ha disminuido su electorado. Y los ciudadanos sin partido nos mantenemos expectantes de lo que acontece. También proponemos y debiéramos ser escuchados.
Está la oportunidad de una propuesta legislativa para 2009, impulsada por ciudadanos y los partidos que quieran sumarse a ella. Habría que trabajar en la plataforma a proponer a toda la sociedad. Una propuesta incluyente, que privilegie la atención de los grandes rezagos sociales: educación, salud, energía, infraestructura, que alejen a la mayoría de la pobreza que padece actualmente. Una propuesta de ciudadanos para ciudadanos. Ya se ha visto, con el despliegue del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, que los ciudadanos están en la mayoría de los casos muy por encima de los políticos profesionales de los partidos. Finalmente la soberanía de la nación radica en sus ciudadanos y somos los ciudadanos los que votamos.
Hoy, miles de ciudadanos nos manifestamos en la ciudad de México. En defensa del petróleo, de la economía popular y de la soberanía nacional.
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